Gritemos con Brio: Los padres y representantes, la última resistencia frente a las violaciones al Derecho a la Educación durante la cuarentena en Venezuela

El decreto y desarrollo de la cuarentena en Venezuela han encendido las alarmas en nuestra organización, sobre todo al preguntarnos por el impacto que tendría sobre la educación la suspensión de actividades académicas y la posterior medida implementada por el régimen, Cada Familia una Escuela, diseñada para dar continuidad al Año Escolar 2019 -2020 a través del canal televisivo del Estado, Venezolana de Televisión (VTV) y duramente criticada por el sector educativo.

  Estos elementos, se presentan en el seno de un país que arrastra un deterioro infraestructural sistemático y un historial de violaciones a los derechos humanos advertido por cientos de organizaciones de la Sociedad Civil nacional e internacional, antecedente que nos motiva a redoblar esfuerzos en la observancia del estado del derecho a la educación. Por esa misma razón surge el presente balance comparativo, a partir de la información oficial y testimonios asociados a las afectaciones al derecho a la educación en Venezuela desde la suspensión de clases el 15 de marzo de 2020.

Situación en los hogares

            El decreto de cuarentena social recluyó a las familias en sus hogares en pleno contexto hiperinflacionario (más de 500% de inflación acumulada en lo que va de 2020 según los datos publicados por la Asamblea Nacional) y de deterioro de los servicios básicos, paralizando completamente las actividades académicas y casi en su totalidad las económicas, generando, consecuentemente, condiciones cada vez más adversas para los ciudadanos en las que el acceso a bienes y servicios se encuentra limitado por alcabalas, cierre de municipalidades y requisitos como salvoconductos para circulación, carnets laborales y sellos de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI), además de las condiciones estructurales anteriormente mencionadas

            Son incalculables las voces al margen de la oficialidad, que se encuentran en condiciones extremas o transitan dramáticamente hacia ellas por no poder generar ingresos o evidenciar fallas más prolongadas y frecuentes en el suministro de agua, de gas, de electricidad e Internet. La rutina de la familia venezolana es la impuesta por la necesidad: según trabajos de investigación del medio digital Todos Ahora, comunidades completas no tienen acceso a los principales servicios básicos; destacan los casos de la comunidad warao de El Cambalache, en el estado Bolívar y la comunidad de Las Bateas de Maurica, parte alta, Barcelona, en el estado Anzoátegui, en las que padres y niños para abastecerse de agua, deben caminar más de un kilómetro diariamente hacia un río de la localidad.

            Aún en este escenario, de forma inmediata al cierre temporal de planteles educativos en todos los niveles de la educación, el espacio presencial académico fue reemplazado por el programa pedagógico Cada Familia una Escuela, puesto en marcha por el Ministerio de Educación el 16 de marzo de 2020. Esta medida ha atravesado al menos tres fases, caracterizadas por el cambio de VTV a Vive TV, modificaciones curriculares y modificaciones de horarios, siendo la última de estas dirigida a la culminación del Año Escolar 2019 – 2020.

Según el propio Nicolás Maduro, dicho programa fue resultado de un proceso de consultas virtuales realizadas a través del Sistema Patria durante el desarrollo de un estado de excepción en Venezuela. No obstante, al tratarse de educación y dentro de la lógica de consulta, resulta excluyente que se haya tomado en cuenta sólo a los inscritos en el mencionado sistema y su aplicación frente a los datos obtenidos por organizaciones como el Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos, en los que apenas 34% de los ciudadanos confirmó tener acceso fijo a Internet en el hogar.

            Nos preguntamos entonces, ¿cuán eficaz pudo ser una política sesgada ideológicamente que desde la improvisación desconoce la situación de precariedad que atraviesa la ciudadanía venezolana y reemplaza ante el deterioro del sistema educativo a los maestros por los padres y representantes?        

Finalización del año escolar: una receta para el desastre educativo

El 9 de junio de 2020, Aristóbulo Istúriz informó en un foro virtual que la finalización del año escolar en todos los niveles de la educación estaba programada para el 30 del mismo mes, aunque el programa pedagógico Cada Casa una Escuela no estuviese estructurado de forma específica para las cargas curriculares de cada grado dentro de la educación básica y en su ejecución se haya evidenciado públicamente la falta de preparación de los decentes que dictaban las clases.

Al escuchar a las comunidades con las que hemos venido trabajando, supimos que en realidad el mecanismo de evaluación implementado a un mes de la finalización pautada, al menos en la educación inicial, primaria y secundaria, consistió en la entrega de un portafolio de actividades asignadas por los docentes encargados de establecer comunicación con los padres y representantes. Pruebas de esto, las hallamos en el centro de educación inicial público Luisa Cáceres de Arismendi II, ubicado en la parroquia Caricuao del Distrito Capital, en el que tan sólo 18 portafolios fueron entregados de una población estudiantil de más de 60 niños y niñas, sin embargo, todos fueron promovidos al siguiente grupo (nivel educativo). Por su parte, Noris Soto, directora de la zona escolar de Nueva Esparta, afirma que más de 120 mil estudiantes se beneficiaron de la implementación del programa de contingencia Cada Familia una Escuela, y más de 5 mil fueron promovidos a niveles superiores.

Para Gritemos con Brío, es claro que el régimen asume la educación como un mero hecho administrativo y no como un proceso en el resultan fundamentales el desarrollo cognitivo de los estudiantes y la generación de conocimiento. Hoy la implementación de política públicas descontextualizadas y de bajo nivel, desfavorecen profundamente a quienes dependen del sector público de la educación y dejan sobre los padres y representantes la función docente, abriendo más la brecha cualitativa entre la educación pública y privada, habiéndose reducido este último sector a 15% según los resultados de la ENCOVI 2019-2020.

En otras palabras: 85% de la población escolarizada en Venezuela, asiste a planteles públicos, siendo más vulnerables al impacto de la cuarentena sobre el derecho a la educación.

Los padres y representantes son claves para resistir

Preocupación e incertidumbre han sido las constantes en la opinión manifestada por los padres y representantes a través de instancias como FENASOPADRES y redes sociales. La indignación ante las inconsistencias pedagógicas de Cada Familia una Escuela y la imposibilidad de generar ingresos, han dado paso al miedo por no saber qué pasará de cara al próximo año escolar que arranca el próximo 16 de septiembre bajo la misma modalidad virtual, según Maduro.

En tal sentido, algunas organizaciones como Dawere y Fe y Alegría, han realizado esfuerzos por proveer algunas recomendaciones pedagógicas a los padres y representantes que, por omisión del Estado y falta de preparación al sector docente en Venezuela para asumir la educación a distancia, hoy son los únicos responsables de llevar a cabo el proceso educativo en el hogar a la par de toda la suma de necesidades generadas por el régimen venezolano.

Claro que esto exige de padres y representantes el fortalecimiento de su capacidad para lidiar con un escenario poco alentador y la responsabilidad de mantener a sus hijos lo más motivados posible, pero es también necesaria una actitud de denuncia permanente y de participación activa en la toma de decisiones de los planteles educativos, como acción de contrapeso a la intervención administrativa y doctrinaria por parte del régimen.

A pesar de su reemplazo por el Consejo Educativo en 2012, hoy es un deber ciudadano evocar el espíritu de la Sociedad de Padres y Representantes para articular el reclamo general de respeto a la educación y salvaguarda del futuro que merecen todos los estudiantes venezolanos. Las medidas implementadas para prevenir la propagación del COVID-19 y aquellas diseñadas, al menos en teoría, para dar continuidad al proceso educativo, no pueden ser el acelerador para la consolidación de un Estado criminal y perpetrador de violaciones de derechos humanos. La ciudadanía es la única que puede darle un para’o al autoritarismo.


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